El proceso de conflictividad y polarización política que aglutinó a distintos sectores opositores desde el segundo gobierno de Juan Domingo Perón fue el catalizador del golpe de estado cívico militar del 16 de setiembre de 1955. La desperonización se territorializó, avanzó con fuerza en el espacio nacional e ingresó en las estructuras burocráticas, administrativas y políticas de las provincias. En la novel provincia Eva Perón, el impacto que produjo la autodenominada Revolución Libertadora implicó la clausura del proceso de conformación estatal provincial y, específicamente, de la implementación de una ingeniería institucional, normativa y burocrática que sintonizaba con el ideario peronista.
La simbología política del peronismo y la tecnología institucional que conllevó la provincialización del territorio nacional de La Pampa aglutinó los cuestionamientos y los antagonismos de sectores que rechazaban la ahistoricidad de la decisión política. En la provincia, los dirigentes del peronismo fueron quienes asumieron un papel central en la construcción estatal, en la elaboración de su primera constitución y en el diseño de su estructura institucional. Es en este punto donde la conflictividad intrapartidaria quedó reflejada entre la dirigencia que precedió a la provincialización y aquellos que ingresaron a la función pública luego de las elecciones de 1953.
A medida que la provincia afianzaba el camino hacia una estructura burocrática y administrativa con idóneos, técnicos y profesionales al servicio del nuevo estado provincial, comenzaban a visibilizarse reacciones disidentes sobre los procedimientos de selección e intereses sectoriales donde estuvo presente el reacomodamiento de lealtades partidarias. En las primeras elecciones para constituir autoridades provinciales en abril de 1953, las candidaturas del peronismo fueron definidas por el Consejo Superior del partido y, en el caso de la UCR, su dirigencia optó por la abstención. En los resultados electorales se ratificó el consenso de la fórmula Salvador Ananía y Esteban Ardohain, quienes legitimaron su victoria con un caudal de votos que superó el 80%. De esta forma, se revalidó el dominio y control estatal en la nueva provincia y, en contrapartida, aumentó la disputa por su distribución y vigilancia tanto al interior del partido como desde la oposición que insistió en impugnar la legitimidad de los resultados. Una confirmación del clima de conflictividad política que atravesó la provincia Eva Perón en el periodo 1953-1955, es decir, entre la primera etapa de institucionalización y el derrocamiento del gobierno peronista, fue el intento de magnicidio del gobernador Ananía. A comienzos de 1955, en ocasión de la apertura del año judicial que incluía una recorrida oficial del mandatario del ejecutivo y de su gabinete por las dependencias de gobierno, Ananía recibió tres disparos en el acto frente a la sede de la Confederación General del Trabajo. El responsable fue un exfuncionario del primer gabinete de la provincia que, por una serie de desacuerdos políticos con un sector del peronismo encabezado por Ananía, se alejó del cargo poco tiempo antes. Se trataba de Justo José Tierno, quien entre junio de 1953 y noviembre de 1954 ocupó el Ministerio de Obras Públicas y Asuntos Agrarios. El procesamiento judicial determinó la prisión preventiva para Tierno. Sin embargo, los responsables militares y civiles del golpe de 1955 en La Pampa en connivencia con las autoridades judiciales invirtieron las acusaciones: el atacante fue liberado y Ananía, el gobernador depuesto y aún con secuelas de la agresión, fue encarcelado. Además, en unas pocas semanas, el abogado defensor Alfonso Corona Martínez no solo logró la libertad del exministro, sino que asumió como titular de la Comisión Investigadora provincial que, como se ha estudiado, se creó a instancias del decreto 479/55 para investigar las supuestas irregularidades durante la gestión del gobierno peronista.
Desde setiembre de 1955, el derrocamiento del peronismo fue un punto de inflexión en el rumbo de la organización estatal provincial que imprimió la gestión peronista. El primer gobernador provincial, Salvador Ananía, fue depuesto y en su lugar se designó como interventor provisional al coronel Martín Barrantes, quien declaró la caducidad de los mandatos de las autoridades municipales y, en su lugar, emplazó comisionados interinos. La Proclama del 27 de abril de 1956 que sustituyó la Constitución Nacional de 1949 y a las cartas provinciales adaptadas a los preceptos del constitucionalismo social tuvo un impacto decisivo para historia constitucional de la provincia. Con la interrupción del gobierno constitucional, el próximo texto constitucional de La Pampa se sancionó en 1960; es decir, durante cinco años, la constitución nacional y el decreto 12.509 del 12 de julio de 1956 regularon la vida política e institucional de provincia.
En el ámbito judicial, los integrantes del Superior Tribunal de Justicia fueron cesanteados y nuevos operadores judiciales asumieron en sus cargos para avanzar en una supuesta depuración de la justicia del peronismo. Como ha sido estudiado, la acción más contundente fue la derogación de la primera Ley Orgánica del Poder Judicial que fue reemplazada por el decreto ley 2229 de 9 de noviembre de 1956. De esta forma, los nombramientos, la remoción o el ascenso del personal judicial se concretaban a partir de propuestas provenientes del Superior Tribunal de Justicia. En definitiva, hasta la sanción de la constitución de 1960, se alternaron gestiones a cargo de interventores federales y gobernadores electos y en ningún caso se consensuó un plexo constitucional provincial capaz de incorporar las demandas provinciales incluidas en la constitución precedente.
Durante los sucesos de septiembre de 1955, la prensa relataba que el gobernador de la provincia Eva Perón permanecería pacíficamente hasta el 20 de setiembre en su despacho junto a su gabinete y custodiado por el jefe del Regimiento 13 de Caballería de Toay, el capitán Luis González Balcarce. Se intentó difundir una situación de calma y tranquilidad que la prensa local replicó en titulares que señalaban: “En la provincia la situación sigue siendo normal”. Sin embargo, esta situación se alejaba de la realidad, puesto que los aviones de la “Libertadora” sobrevolaban Santa Rosa con panfletos en los que advertían a las autoridades penitenciarias de la Colonia Penal 4 sobre el tratamiento que debían dispensar a los detenidos por el bombardeo del 16 de junio de 1955 a Plaza de Mayo. En estos volantes, se exigió seguridad para el contralmirante Samuel Toranzo Calderón, el contralmirante Aníbal Osvaldo Olivieri y otros detenidos por el peronismo (Diario La Reforma, General Pico, sábado 17 al 28 de setiembre de 1955). Finalmente, el gobernador Ananía y todo el gabinete ministerial renunciaron el 21 de setiembre ante el capitán González Balcarce. Uno de los primeros comunicados del mandatario provisional a cargo de la Gobernación fue la modificación del nombre de la provincia Eva Perón; en su lugar, se retornó a la denominación de la etapa territoriana. Además, se anunció la liberación de los presos políticos alojados en la Colonia Penal a quienes el interventor agasajó con un almuerzo en el Hotel Pampa. Seguidamente, el interventor comunicó al comando revolucionario de la Base Naval de Río Santiago que los exdetenidos por el peronismo serían alojados allí y solicitó “aviones con capacidad para cuarenta personas” para su traslado, lo que daba cuenta del número de detenidos en la provincia.
En el interventor provisional, el coronel Martín Barrantes, declaró la caducidad de los mandatos procedentes de instancias electivas y alertó a algunos funcionarios municipales que debían permanecer en sus cargos y que, si intentaban abandonar o renunciar, serían procesados. El coronel González Balcarce, quien oficiaba como representante de los revolucionarios en los primeros momentos del golpe militar, fue nombrado Secretario General de la Gobernación. Al mismo tiempo, se designaron nuevas autoridades policiales y se declararon en comisión a los funcionarios de justicia. En materia normativa, se derogó la ley 43 de creación del escudo provincial y se dispuso el uso del escudo nacional en establecimientos educativos y de gobierno. El 30 de septiembre asumió como interventor federal el médico pampeano Martín Garmendia y, en el acto de asunción, la prensa destacó su condición apolítica como una característica necesaria para favorecer la pacificación. El Dr. Garmendia fue el responsable de encaminar las acciones de desperonización y de formalizar la Comisión Provincial de Investigaciones. El 30 de abril de 1956, Garmendia envió un informe dirigido al Ministerio del Interior y Justicia donde detalló la situación política y social de la provincia tras el golpe cívico militar. El documento señalaba la buena recepción y aceptación que poseían los agentes de la Intervención Federal y la explicación que se relacionaba con el arraigo de estos funcionarios en la sociedad pampeana por ser “nativos (…) con alrededor de 30 años de residencia, lo que hace un total conocimiento de las personas y las cosas”. Además, el interventor aseguraba que los regimientos militares fueron “leales al gobierno peronista (…) por razones de disciplina” dando a entender el escaso compromiso con la causa y, en su lugar, destacaba la inmediatez de la alianza que lograba establecer con “los principios de la Revolución antiperonista” (AI, Fondo Ministerio del Interior, Secretos, Confidenciales y Reservados. Año 1955-1956, caja N° 132). En relación con las fuerzas policiales, el interventor sostenía que la situación requería un accionar más controlado para lograr revertir la injerencia de policías adeptos al peronismo que se mantenían en distintas reparticiones provinciales. Las autoridades de la Intervención consideraban que, a pesar de la cercanía de los agentes policiales a los ideales del peronismo, la estrategia estaba en la depuración de los sectores más radicales y los altos mandos, como el jefe de policía Héctor Doyhenard quien fue reemplazado por el subjefe Lorenzo Domingo Galli.
Como ha analizado la historiografía nacional, el golpe de Estado de 1955 avanzó en prácticas políticas que se reforzarían a través de la elaboración de una trama normativa específica y destinada a institucionalizar la persecución, la proscripción, la violencia y el castigo estatal mediante la tramitación de causas judiciales por razones políticas y gremiales. El recrudecimiento del proceso de desperonización que se identificó con la segunda etapa del gobierno provisional de Eugenio Aramburu accionó diversas estrategias de los sectores peronistas tanto civiles como militares que permanecían proscriptos y en un proceso inorgánico y clandestino de resistencia cuyo estudio posee importantes referentes en la historiografía argentina. En La Pampa, el levantamiento del 9 de junio liderado por el capitán Philippeaux reunió a un grupo de civiles como el exjuez Agustín Nores Martínez y el excomisario José Regazzoli que, por unas horas, mantuvo en vilo la ciudad y el país; sin embargo, en la mañana del 10 de junio la rebelión estaba derrotada y la mayoría de sus participantes encarcelados.
Fuentes
Diario La Reforma, General Pico, 17 al 18 de setiembre de 1955.
Fondo Ministerio del Interior, Secretos, Confidenciales y Reservados. Año 1955-1956, caja N° 132, Archivo Intermedio, AGN.
Referencias bibliográficas
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Ferreyra, Silvana. “Las comisiones investigadoras durante la “Revolución Libertadora”. Usos del archivo en la historiografía sobre peronismo y antiperonismo”, Quinto Sol, 20, 2016.
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Rodríguez, Ana María T. y Funkner, Mariana. “Catolicismo y peronismo en La Pampa: las memorias de un cura que estuvo preso”, Pilquen, 25, 3, 2022.
Ruffini, Martha. “Tiempos antiperonistas en la Patagonia argentina. La acción de las Comisiones Investigadoras durante la “Revolución Libertadora”, Revista Páginas, 8, 16, 2016.
Ruffini, Martha. “Dictadura, dirigencia política y sociedad civil. La persecución al peronismo en la Patagonia Argentina durante la “Revolución Libertadora” (1955-1958), Iberoamérica Social, 1, 2016.
Zink Mirta y Moroni Marisa. “Desarrollo de la dinámica política del Territorio Nacional de La Pampa. Actores y prácticas políticas”, en Historia de La Pampa I. Sociedad, política, economía. Desde los poblamientos iniciales hasta la provincialización (ca. 8000 AP a 1952), EdUNLPam, 2014.
Marisa Moroni