El levantamiento encabezado por el general Miguel Ángel Iñíguez, también conocido como “levantamiento del COR” o “Revolución del ’60”, tuvo lugar el 30 de noviembre de 1960. Sus epicentros fueron Rosario y Tartagal. Hubo varias conspiraciones de este tipo en el marco de la Resistencia peronista, pero sólo dos llegaron a ponerse en práctica; el levantamiento del 9 de junio de 1956 encabezado por el general Juan José Valle, y el levantamiento de Iñíguez. Estas intervenciones consistieron en la toma de cuarteles militares como actividad principal, e incluyeron la ocupación de comisarías, de estaciones radiales, sabotajes, cortes de líneas ferroviarias y telefónicas, entre otras. Contaron con una extensa participación de civiles, pero la dirección y planificación estuvo a cargo de militares.
En Rosario se realizó la toma del Regimiento 11 de infantería; hecho que suele ser recordado como “la toma del 11”. La misma estuvo dirigida por Iñíguez y el coronel Julio Barredo, militares pasados a retiro por el gobierno de la Revolución Libertadora. La ocupación duró cuatro horas y fue reprimida por militares del Regimiento, la Gendarmería Nacional y tropas santafesinas. En el enfrentamiento se produjo la muerte de Barredo, de un sargento y de dos soldados conscriptos, y entre quienes participaron de la defensa resultaron heridos dos militares. En el uniforme de Barredo fue encontrada la proclama, firmada por el “Comando Primer Ejército de la Reconquista y Liberación Argentina”, el plan de operaciones para Rosario en el que quedaban involucrados militares en actividad, y una libreta con direcciones y teléfonos. Iñíguez logró fugarse.
En la provincia de Salta las acciones tuvieron lugar en Tartagal, donde se tomó la municipalidad, el Batallón de Monte Escuela, la estación de tren, el aeropuerto, la central telefónica y la comisaría. En Mosconi fue ocupada la comisaría, al igual que en Vespucio, donde también se asaltó la estación de radiodifusión del campamento de YPF. La dirección estuvo a cargo del teniente coronel retirado Eduardo Escudé, un militar católico y nacionalista, y por Tomás Ryan, un ex legislador peronista. Hubo personas que pudieron escaparse en jeeps de YPF y de la policía, pero varios fueron detenidos en la localidad de Pocitos, en la frontera con Bolivia.
Otras acciones tuvieron lugar en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. Estallaron bombas en localidades del sur y oeste del Gran Buenos Aires; la ciudad de Mendoza quedó incomunicada al ser cortadas las líneas de teléfono y telégrafo y las vías del ferrocarril San Martín; mientras que en Fray Luis Beltrán, cerca de Rosario, se vio frustrada la toma del arsenal San Lorenzo porque la policía detuvo a los cabecillas antes de realizar la operación.
Además de militares retirados, el levantamiento contó con la participación de militares en actividad: en Rosario, personal del Regimiento 11 permitió la entrada de los militares rebeldes al edificio; en Casilda, una localidad cercana a Rosario, el capitán Antonio Campos tomó la jefatura de policía y secuestró armas alegando su carácter de jefe del Plan Conintes; en Taratagal se involucraron militares del Batallón de Monte Escuela y de la Gendarmería.
La convocatoria a los civiles se realizó, en gran medida, a través de los sindicatos y entre las personas que habían participado del levantamiento del 9 de junio. El teniente coronel Hamilton Díaz, en el discurso pronunciado en la Escuela Superior de Guerra en octubre de 1961, atribuye a Iñíguez la dirección del COR (Centro de Operaciones de la Resistencia) -una estructura dedicada a actividades insurgentes-, y menciona la existencia de un Comando Nacional Peronista integrado, entre otros, por Iñíguez, Barredo, y los sindicalistas Armando Cabo (UOM) y Dante Viel (UPCN). Si bien no puede confiarse en una fuente de carácter militar para determinar el verdadero alcance y grado de autoridad que dichas estructuras poseían sobre el movimiento peronista, la participación sindical es mencionada en la prensa del período y en los relatos de los protagonistas. La que cobró más relevancia fue la de la UOM, porque en los días previos habían sido retirados 17.500.000 pesos de la cuenta del sindicato en el Banco Nación para apoyar el levantamiento. Los dirigentes no pudieron justificar el hecho, algunos de ellos fueron detenidos y otros se fugaron; tal el caso de Augusto Vandor. Asimismo, los locales de la CGT y de la UOM mendocinas fueron utilizados como lugares de reunión. Otra de las organizaciones comprometidas fue el sindicato de la carne, cuyo dirigente, Eleuterio Cardoso, fue arrestado al igual que varios integrantes del sindicato y trabajadores del frigorífico Swift de Rosario. La CGT rosarina se vio involucrada porque en el Regimiento 11 se encontraron brazaletes de la entidad. La seccional del SUPE de Vespucio fue intervenida, gran parte de sus dirigentes detenidos, y algunos se fugaron.
El levantamiento de Iñíguez tuvo entre sus principales dirigentes a militares católicos y nacionalistas que habían apoyado al gobierno peronista y que estaban en contra de las tendencias liberales que predominaban en las Fuerzas Armadas, y a dirigentes sindicales de extracción peronista. La prensa también menciona la participación de miembros de la Alianza Libertadora Nacionalista, mientras que en Rosario se destaca la acción de grupos dirigidos por René Bertelli, un militante de origen tucumano. Los relatos orales de los militantes tienden a referirse al mismo como una operación poco planificada e improvisada, y a resaltar la reticencia de los militares a entregar armas a los civiles. La prensa del período refuerza la amplia convocatoria popular que tuvo. La Capital de Rosario reparaba en la llegada al Regimiento 11 de civiles en taxis y bicicletas, mientras que algunos lo habían hecho en un colectivo de la línea 51, secuestrado para tal fin.
Pese a que el gobierno de Arturo Frondizi y las Fuerzas Armadas tendieron a ver en el operativo la dirección de Perón, ello no está comprobado; sí el repudio realizado a posteriori a través de una carta dirigida al ex canciller, Ildefonso Cavagna Martínez, del 12 de diciembre de 1960.
La represión de los hechos se produjo en el marco del Plan Conintes; además, en el país regía el estado de sitio desde noviembre de 1958. En varias provincias se realizaron allanamientos en domicilios particulares y en locales partidarios, sindicales y medios de prensa, detenciones y clausuras. El Consejo de Guerra Especial funcionó en Rosario. Los juicios fueron sumarísimos. Los militares fueron acusados del delito de rebelión y recibieron condenas de prisión y destitución. Los detenidos civiles también declararon ante el Consejo de Guerra de Rosario y luego fueron puestos a disposición de la Justicia federal y condenados a prisión. El decreto 626 del 27 de julio de 1961 permitió la liberación de varios detenidos, entre ellos, Tomás Ryan. Algunos obtuvieron su libertad con la amnistía de septiembre de 1963; tal el caso de Escudé. Los dirigentes de la UOM ya habían obtenido su libertad en diciembre de 1960, y las órdenes de captura contra los dirigentes de las 62 Organizaciones habían sido dadas de baja en marzo de 1961, merced a negociaciones con autoridades militares y eclesiásticas. Iñíguez, que había logrado fugarse, fue detenido en 1964 acusado de colaborar con movimientos guerrilleros y en su declaración sostuvo haber abandonado la actividad subversiva en 1963 alegando que el peronismo ya no necesitaba del golpe de Estado clásico como estrategia para llegar al poder. Esta afirmación de Iñíguez se vincula con el interés que el levantamiento por él conducido tiene en los debates sobre la Resistencia peronista, en tanto ha sido considerado como un punto de inflexión que marca para algunos, el fin de la colaboración entre los comandos de la resistencia y los sindicatos, y para otros, el reemplazo del golpe de Estado tradicional con participación de militares por la guerrilla como estrategia de lucha.
Referencias:
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Anabella Gorza