En términos generales, se ha definido a las comisiones investigadoras como grupos de trabajo, de carácter transitorio, que son creados por las legislaturas para realizar investigaciones sobre asuntos diversos.Su constitución no fue una novedad que impuso el golpe de estado de 1955. No obstante, las comisiones constituidas por la autodenominada “revolución libertadora”, tuvieron varios rasgos que las convierten en una experiencia singular.
Tres semanas después del derrocamiento de Perón, el 7 de octubre de 1955 ya instancias del entonces presidente de facto Eduardo Lonardi, se conformóLa Comisión Nacional de Investigaciones. La institución sería presidida por el Contraalmirante Leonardo Mac Lean y dependería directamente de la Vicepresidencia de la Nación, a cargo del Almirante Isaac Rojas.Dos miembros de otras fuerzas armadas completaban este elenco, encabezado por la marina: el General de Brigada Rodolfo Luis González por el Ejército y el Brigadier Mayor Federico Fernando Antonio Ruiz por la Aeronáutica. Los civiles participantes fueron el Dr. Rodolfo Medina y el Dr. Miguel Laphirando, quien ya no figuraba como integrante al finalizar las labores.
Las comisiones ocuparon un rol clave en el proceso de “desperonización” iniciado por el golpe de 1955. Esta iniciativa tuvo dos facetas: una dimensión represiva, que apuntaba a proscribir y encarcelar a los acusados y una dimensión pedagógica, cuyo propósito era desengañar a las bases más amplias de apoyo del peronismo, proponiéndose mostrarle la supuesta cara ignominiosa de un régimen que se había mostrado como popular. Eva comprando joyas y vestidos, Perón promoviendo en sus discursos la quema de locales de partidarios opositores, un ministro con una vida “licenciosa”, un intendente pagando un alquiler de una unidad básica con dinero del municipio o un director de escuela organizando un homenaje a Eva, fueron los distintos tipos de denuncias que permitieron construir en el imaginario política una asociación fuerte y perdurable entre peronismo, corrupción y totalitarismo.
El artículo 4° del decreto 479/1955 autorizó a la Comisión Nacional para nombrar todas las subcomisiones que consideren necesarias, con el fin de investigar las supuestas irregularidades producidas durante la gestión del “régimen depuesto”, tal como denominaron a las presidencias de Juan Domingo Perón. De este modo, a medida que transcurrían las semanas, se abrieron otras 60 comisiones, que cubrieron prácticamente a todos los ministerios y secretarías, organismos autárquicos, empresas estatales y organizaciones de la sociedad civil, incluso a algunos empresarios y políticos. Este número, ya significativo,creció exponencialmente cuando cada Intervención Provincial o Territoriana creó una comisión para investigar su propia administración. Esas 21 entidades reprodujeron el esquema anterior de comisiones por ministerios y secretarías y crearon además una para cada comuna, departamento o municipio bajo su incumbencia.De manera paralela se creó la Comisión de la Confederación General del Trabajo, que montó su propia estructura, y dividió el trabajo en alrededor de 200 subcomisiones por federación y/o sindicato.Aunque sabemos que fueron más de 600, lo que nos habla de la magnitud que alcanzó el proceso, no conocemos un número exacto de subcomisiones constituidas.
Un organismo complementario fue la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, facultada para comprobar el origen lícito o ilícito de los bienes de funcionarios públicos y de terceros vinculados a la Administración, buscando recuperarlos para la órbita estatal. Esta institución, se transformó en la depositaria del material producido por las comisiones. Gracias a su intervención hoy tenemos en el Archivo General de la Nación, Departamento Intermedio, 230 metros lineales de expedientes producidos por estos actores que, junto con sus memorias, tituladas Documentación, Autores y Cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía nos permiten reconstruir su historia.
A través de estas fuentes sabemos que en las comisiones trabajaron ad-honorem unas 3000 personas Se trató de un elenco casi exclusivamente masculino, integrado por militares, militantes de partidos políticos, profesionales de prestigio, miembros de corporaciones empresariales, en dosis variables. En gran medida,se involucraron personas que estuvieron vinculadas previamente a la administración, ocupando cargos políticos y/o burocráticos hasta 1943 (o incluso algunos años después) y que habían sido desplazados de su carrera durante el peronismo. Asimismo,participaron empleados del estado,que realizaron especialmente tareas rentadas de administración y vigilancia, y cuyo compromiso con la causa fue puesto en duda en diversas oportunidades.
Los miembros de las comisiones tenían la capacidad para realizar indagatorias a sospechosos y testigos; disponer y mantener incomunicaciones y detenciones; allanar domicilios con auxilio de la fuerza pública; dictar medidas precautorias para evitar la desaparición de los bienes “ilícitamente adquiridos”; intervenir libros y contabilidades de entidades; disponer exámenes periciales; extraer las constancias necesarias de registros de escribanos, bancos, Dirección General Impositiva, registro de la propiedad; entre otras posibilidades. No obstante, las comisiones no estuvieron habilitadas para dictar sentencias definitivas, razón por la que se les sugería que “en aquellos casos en que surgiere de las investigaciones realizadas la presunción de la existencia de hechos delictuosos, las actuaciones deberán ser pasadas a la justicia competente.” (Decreto 6132/56) En los considerandos del decreto se aclaraba que las comisiones buscarían determinar responsabilidades y eso implicaba también encontrar a quienes se hubiesen desempeñado con probidad y eficiencia. La aclaración era válida porque no existía la presunción de inocencia durante el estado de excepción que impuso el gobierno de facto. En el proceso habitual la carga de la prueba reside en la parte acusadora, mientras que aquí era el acusado el que debía demostrar su inocencia. Las comisiones primero actuaban y luego preguntaban.
Estas amplias atribuciones fueron fuente de diversos conflictos, y no sólo para los denunciados y denunciadas. Por un lado, existieron presiones internacionales para frenar las medidas de congelamiento de activos, que habían alcanzado no sólo a los políticos peronistas, sino también a distintas empresas extranjeras a las que se involucró en negociados con el peronismo. Por otro lado, en las comisiones la diferenciación entre un peronismo “tolerante” y otro “radicalizado” se construyó a partir del nivel de ramificación que persiguió la búsqueda de delitos, antes que por la realización de distintos tipos de acusaciones.La ley no parecía justamente bondadosa, pues el Decreto Ley 4258 inhabilitó para desempeñar cargos públicos, electivos, empleos en la administración pública y para ejercer la dirigencia de partidos políticos a aquellos que los hubieran ocupado durante el gobierno peronista o hubieran sido autoridades del Partido, hasta la jerarquía de secretario general de unidad básica. Pero algunos integrantes de las comisiones, así como muchos de los ciudadanos denunciantes, creían que era necesario ir aún más lejos, cuestionando la inocencia de las bases y proponiendo una justicia fuertemente revanchista, que amenazaba todavía más el orden social y político.
Los conflictos también se generaban a partir de disputas sobre la jurisdicción de cada comisión. La Comisión Nacional enviaba circulares, solicitaba cruces de información e inicios de causas, abultando las tareas previstas. Las sugerencias no siempre se seguían, la información solicitada muchas veces no era enviada y había un espacio para el cuestionamiento federal frente a las órdenes centrales. Pero la mayor tirantez parece haberse generado en torno a la noticia del cierre. Alrededor del 22 de diciembre las comisiones provinciales dieron entrada a una nota de la Comisión Nacional de Investigaciones en la que se les comunicaba que debían dar por terminadas sus tareas indefectiblemente antes del 31 de enero de 1956. Aunque las tareas se extendieron unos meses más hasta mediados de abril, el descontento seguía latente y el tiempo se continuó considerando insuficiente.
En definitiva, el legado de las comisiones no puede medirse sólo en términos de las causas que efectivamente llevaron adelante o de las que terminaron en una condena judicial. Para los peronistas pasaran a la historia como otra herramienta de la persecución a la que el golpe de 1955 los sometió. Para los integrantes de las comisiones, tanto el cierre repentino como los límites a las políticas de exoneraciones, fueron considerados un fracaso de su empresa. No obstante, una mirada a largo plazo, que considere la amplia difusión en el imaginario político de algunas escenas de persecución, inquisición, erradicación y cómo se construyó una asociación perdurable entre el peronismo y ciertos estereotipos sobre lo corrupto, nos permitirá evaluar desde nuevas dimensiones el impacto de esta experiencia.
Referencias:
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Silvana Ferreyra