El 26 de septiembre de 1955 el Gobierno Provisional encabezado por el general Lonardiinició el proceso de revisión de la situación del personal de las Fuerzas Armadas. Ese día, por decreto 63/55 se dictó una amnistía amplia y general “a todo el personal militar de las Fuerzas Armadas que a partir del 4 de junio de 1946 hubiere sido condenado por la Justicia Militar o sancionado en virtud de pronunciamientos de Tribunales de Calificaciones Especiales (…)”. A partir de entonces la política militar deLonardi se orientó hacia dos objetivos básicos: a) evitar una depuración masiva, y b) proceder a una cuidadosa política de reincorporaciones. Para cumplir con el primer punto, el ministro León Bengoa, relevó a los más estrechos colaboradores de Perón, así como a casi todo el Alto Mando Militar. Según las autoridades revolucionarias, estos oficiales -por su alta responsabilidad- debieron reaccionar ante los “excesos” de Perón. En el Ejército, el resultado fue el retiro de tres cuartas partes de los generales en actividad. En los niveles inferiores la purga se limitó a los oficiales vinculados al círculo íntimo de Perón, o sus servicios de inteligencia. Los colaboradores más cercanos a Perón no sólo sufrieron la interdicción de sus bienes, sino que fueron sometidos a Tribunales de Honor y destituidos “por faltas gravísimas” (Lucero, 1958).
En el caso de la Marina, una “Junta Asesora Revolucionaria” recomendó el retiro de todo el Almirantazgo, excepto del vicepresidente Isaac Rojas, y propuso a la Junta de Calificaciones cuatro listas de oficiales que aconsejaba eliminar del servicio activo. La primera incluía a oficiales que tuvieron participaciónen el gobierno peronista; en la segunda, a quienes defendieron o simpatizaron con el peronismo; en la tercera, al personal indiferente a las inquietudes revolucionarias; y, en el último grupo, a los oficiales que debían ser analizados especialmente por la Junta de Calificaciones.Según uno de los integrantes de la Junta Asesora las listas sumaban un total de 114 oficiales (Perren, 308-309).
Tras el derrocamiento de Lonardi, en noviembre de 1955, en las diferentes unidades el espíritu revanchista se manifestó con toda crudeza durante lo que el coronel Horacio Ballester (1996: 47) llamó “juicios de los camaradas”.El ministro de Ejército del presidente Aramburu, Arturo Osorio Arana, profundizó la depuración de la cúpula del Ejército con el relevo de otros doce generales.A comienzos de 1956, los “tribunales especiales”, integrados -en su mayoría- por oficiales reincorporados, extendieron la purga hacia los grados inferiores. Cuatro decretos de febrero de 1956 establecieron el retiro obligatorio de casi 180 jefes y oficiales superiores:9 coroneles, 109 teniente coroneles, 50 mayores y 11 capitanes del cuerpo de comando (decretos 2546/56, 2757/56, 3758/56 y 3760/56).Los castigos también significaron el “destierro” a guarniciones de frontera, o bien a destinos burocráticos, de muchos cuadros jóvenes considerados “recuperables”.
La “desperonización” impulsada por la “Revolución Libertadora” fue uno de los procesos más profundos de depuración ocurridos en el Ejército argentino, sólo comparable con el que se produjo tras el enfrentamiento entre Azules y Colorados (1962-1963).
Resulta difícil precisar la cifra total de los perjudicados por la purga “libertadora” puesto que no sólo alcanzó a quiénes fueron encarcelados, o incluidos en los decretos masivos de retiro obligatorio, sino también a oficiales que debieron retirarse al ser postergados en sus carreras. A efectos de establecer el impacto cuantitativo del proceso de desperonización sobre el cuerpo de oficiales del Ejército, debencontabilizarse los decretos masivos de retiro obligatorio, y a los beneficiados por el artículo 3º de la ley 20.508 de Amnistía, del 27 de mayo de 1973, dictada por el gobierno de Héctor Cámpora. El decreto reglamentario de dicha leyestablecía la amnistía y extinguía, de pleno derecho, los decretos que dispusieron retiros, bajas o sanciones disciplinarias a oficiales de las fuerzas armadas y de seguridad. Inclusootorgaba un grado superior a todos aquellos incluidos en la amnistía hasta el grado de teniente coronel o equivalente. Así también, autorizaba al Poder Ejecutivo a enviar al Senado los pliegos de ascenso para oficiales de jerarquía superior a la de teniente coronel, y a incinerar de los legajos personales “las fojas en donde se hubieran asentado anotaciones en razón de actos políticos y militares”.
Las promociones 56 a 66, que correspondían a los grados de coronel y teniente coronel, fueron las más perjudicadas en términos absolutos. Algunas de ellasperdieron hasta el 35% de sus integrantes originales. Si corregimos las cifras tomando en cuenta el desgranamiento natural (bajas, retiros y fallecimientos) los porcentajes aumentan significativamente. Asícasi todas las promociones que incluyen coroneles y teniente coroneles pierden más del 20% de sus integrantes en actividad en 1955, varias superan el 30%, y alcanzan un máximo del 45% para la promoción 61. Si analizamos la eliminación por grados comprobamos que existe una concentración de oficiales eliminados entre los coroneles (125) y teniente coroneles (178), y un corte horizontal a nivel de mayores. Durante el Gobierno Provisional (1955-1958) fueron pasados a retiro 62 mayores, 35 capitanes, 23 tenientes primeros, 13 tenientes y un subteniente. Las purgas no se extendieron a los grados inferiores que eran considerados “recuperables”.
La Orden de Operaciones 44 extendió la depuracióna cientos de suboficiales que constituían el sector más leal a Perón (López, 1987: 130). En este caso, si bien no poseemos cifras definitivas, debemos consignar que tan sólo dos decretos de retiro obligatorio de febrero de 1956 significaron el retiro de 160 suboficiales, por lo que la cifra total bien pudo haber superado los mil.
El análisis de la eliminación por armas muestra que la infantería -el arma de Perón- fue la más afectada con un 54,4 %. Esta cifra es superior al promedio de egresados de esa arma por promoción, que ronda -aproximadamente- el 40 %. Esta diferencia se produce a costa de las otras armas que registran, cada una de ellas, entre 3 y 4% menos del promedio por promoción. Además, debemos tener en cuenta que -paralelamente- los reincorporados pertenecían en un 80% a la caballería. De esta forma se produjo un desequilibrio en la proporción histórica entre oficiales de caballería e infantería (Mazzei, 228-234).
Si bien la purga fue muy rigurosa entre los oficiales superiores, hubo militares peronistas que salvaron sus carreras y alcanzaron el grado de general. Uno de esos casos es el del mayor Delfor Otero quien se negó a sumarse a los sublevados en la Escuela de Tropas Aerotransportadas de Córdoba y quedó detenido. Alcanzó el generalato entre 1964 y 1968, y, al comenzar los años setenta -ya retirado-, estrechó sus vínculos con la CGE y fue designado Secretario de Comunicaciones durante la tercera presidencia de Perón.
El mayor Virgilio Gorriz, por su parte, estuvo detenido junto a los principales colaboradores de Perón a fines de 1955 y, aun así, alcanzó el generalato entre 1967 y 1972.
El capitán Omar Actis, -según recuerda Ballester- habría sido desplazado de la Escuela Superior de Guerra, pero salvó su carrera y, 14 años más tarde, alcanzó el grado de general.
Pero, sin duda, el caso más significativo es el del teniente coronel Pascual Pistarini. Sobrino de un general y ministro peronista (Juan Pistarini) estuvo detenido en el vapor Washington y habría salvado su carrera militar porque pudo probar que había estado internado durante la revolución.
Casi nueve años después fue el Comandante en Jefe que derrocó al presidente Arturo Illia, acompañado, entre otros, por los reincorporados Alsogaray y Lanusse.
Referencias:
Ballester, Horacio P. Memorias de un coronel democrático, Bs.As., Ediciones de la Flor, 1996.
López, Ernesto.Seguridad nacional y sedición militar, Bs.As., Legasa, 1987.
Lucero, Franklin.El precio de la lealtad, Bs.As., Propulsión, 1958.
Mazzei, Daniel. “Azules: perfil socio-profesional de la élite del Ejército, 1963-1973″, en Revista de Ciencias Sociales, 7/8, Universidad de Quilmes, 1998.
Perren, Jorge.Puerto Belgrano y la Revolución Libertadora, Bs.As., Solaris editores, 1997.
Daniel Mazzei